
Los técnicos del Gobierno acusados sostienen en el juicio que el Plan Insular estaba obsoleto en 1999 y que “había que interpretar el Plan” para autorizar la bodega.
José Francisco Reyes se enfrenta a una petición de Fiscalía de siete años de cárcel.
Miguel Ángel Armas Matallana admite que se ejecutó "un poco más" de lo que se autorizó, aunque la Fiscalía señala que se hizo un complejo de 12.000 metros cuadrados.
La Fiscalía y Transparencia Urbanística replican al Gobierno que "permanece incólume la protección" de La Geria.